Las trampas del gobierno y la lucha de la CNTE


27-IV-2013. Sección 34 y 58 democráticas. Prisioneros de la lógica de guerra del enemigo, enfrentamos inermes el terrorismo mediático, entramos en la trampa. Dejar que Guerrero se agote, que desgastado acepte cualquier ofrecimiento, condicionaría negativamente toda posible negociación. Aunque parezca increíble, todavía seguimos esperando buenas nuevas de “la reglamentaria” o de la mediación de la derecha perredista representada por todos sus gobernadores. (5) Nos han administrado, saben que saliendo Guerrero, Michoacán difícilmente se lanzará a paro y cuando lo haga con Oaxaca, si eso ocurriera, será muy tarde y sin la contundencia necesaria.

 

I. Las razones de Peña Nieto

Tal y como está planteada la contrarreforma Educativa aprobada el 20 de diciembre de 2012 por la Cámara de diputados, no existe espacio para negociación alguna. La contrarreforma no es negociable en cuanto proyecto de cambio estructural de la cultura nacional, de los contenidos y procesos educativos y de las relaciones laborales. La determinación de Enrique Peña Nieto y de quienes lo respaldan es definitiva: avanzar en el proceso de privatización global de la educación y la cultura, en el marco del proceso de homologación e integración cultural al bloque de América del Norte (TLCAN). Todo ello, en el marco de una nueva fase de privatizaciones del sector energético, las telecomunicaciones y todo lo que pueda ser rentable a las empresas multinacionales, mexicanas y extranjeras. (1)

Esta determinación de no negociar los contenidos de Reforma en cuanto proyecto integral, tiene varios motivos. Empecemos por el primero, la necesidad de legitimación de Peña Nieto, de consumar y sostener su proyecto de reformas inmediatas: laboral, educativa, telecomunicaciones, energética-petrolera y la financiera-fiscal con el cobro generalizado del 19-20 por ciento de IVA en alimentos, medicinas, libros, revistas y otros bienes para la producción agropecuaria.

Si la contrarreforma Educativa se viniera abajo, si el decreto de Peña Nieto no prosperara debido a las resistencias magisteriales y populares, las contrarreformas fiscal y energético-petrolera estarían condenadas al fracaso y con ello todo el plan de las fuerzas del capital multinacional y de las grandes potencias como Estados Unidos. Entonces al rechazo de buena parte de la población contra peña Nieto y el PRI, se le sumarían los cuestionamientos de su propia clase, de la coalición de neoliberales que lo entronizó. El fracaso de la contrarreforma educativa es un lujo que no entra en los planes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la oligarquía mexicana, la clase política firmante del Pacto por México, la jerarquía eclesiástica, el gobierno estadounidense y las empresas extranjeras.

El segundo motivo de la cerrazón del gobierno de Peña Nieto, está derivada de las necesidades de ajustar la producción de fuerza de trabajo a las modalidades impuestas por el “capitalismo informático”. (2)  Aunque la educación pública en México es un espacio secundario en la producción de conocimientos tal como lo conciben los empresarios y planificadores capitalistas; ocupa, a través de la formación de la fuerza laboral, un lugar central para la informatización del conocimiento y su conexión con la informatización de los procesos productivos, comerciales, culturales y de servicios. Cumple con una función clave para la socialización temprana entre niños y jóvenes de los nuevos procesos de trabajo informatizados, de sus relaciones de cooperación jerarquizada y de los patrones culturales y de consumo propios de la globalización capitalista. En este terreno la contrarreforma educativa tampoco es negociable, ni aplazable. Es condición necesaria de los proyectos de libre comercio que miran al norte, al oriente y del redespliegue industrial de las multinacionales en el territorio nacional y de la exportación de la fuerza de trabajo, en estos momentos de boom poblacional de jóvenes.

Esta motivación económica, la formación de la fuerza de trabajo del “capitalismo informático”, se articula con las lógicas de la acumulación por despojo. El sesgo laboral-administrativo de la contrarreforma educativa obedece a objetivos de control político-culturales y a la maximización de la explotación, a la extracción de trabajo no pagado. Una vuelta de tuerca más de lo avanzado por la contrarreforma a la Ley del ISSSTE con el objetivo de reducir costos laborales e incrementar el despotismo laboral y la prolongación de la jornada laboral. Se prolonga el tiempo total de vida laboral 5 años o más, según sea el caso de la jubilación; se reduce el salario social, la cuota patronal aportada a la seguridad social y otras prestaciones, se privatizan los fondos sociales del trabajador, se precarizan los contratos de trabajo; se extrema el despotismo laboral, sus controles y sanciones; a la vez que se imponen tareas y tiempos laborales no pagados o parcialmente retribuidos. Lo que sigue es el abaratamiento sustancial de la plantilla laboral, la reducción de los salarios, del personal, la ampliación de la jornada en escuelas siempre abiertas, de tiempo completo, de horario extendido; recesos administrativos en lugar de vacaciones, proliferación de interinatos, cierres de turnos y escuelas; clausura de normales y exclusión de sus egresados; además, de despidos masivos por “incompetencia laboral: “los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo”. (3)

No podían faltar dentro de las motivaciones económicas la reducción y el un nuevo direccionamiento del gasto educativo. La llamada autonomía operativa, reforma administrativa o gestión “democrática”, que formalmente da derecho de intervención a los padres de familia en el gobierno escolar, los contenidos educativos, el control del proceso laboral de profesores y maestras, el acceso a fuentes de financiamiento alternas e injerencia en la asignación de los presupuestos públicos; es la mascarada de uno de los tantos rostros del proceso privatizador. En realidad, la calidad educativa busca aumentar la productividad por unidad de capital invertido, luego entonces se trata de “hacer más con menos”, de eliminar todos los costos inútiles; de allegarse financiamientos a través de cuotas “voluntarias” y gestiones con la iniciativa privada y los centros de beneficencia. La discriminación, la exclusión y el rezago educativo se van a profundizar afectando a los más pobres de la ciudad y el campo; a indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes; es decir, a las mayorías nacionales. A la vez, el presupuesto público, en general y en particular el social-educativo, acabará por convertirse en carne de rapiña entre los grandes monopolios editoriales, de la cultura, la comunicación, la construcción y de la alimentación.

En cuanto a la tercera motivación de Peña y su equipo, la de tipo cultural, también no es negociable, corresponde con el adoctrinamiento extremo de la cultura de la calidad empresarial, de la evaluación patronal, del consumo compulsivo y del particularismo o individualismo extremo. Con el lavado de cerebro masivo que, desde todos los aparatos culturales y de fabricación de la opinión pública, pretende borrar toda memoria de las matrices que forman nuestra identidad, de las raíces culturales indígenas e indígenas-mestizas, del sentido popular de nación y de patria, de nuestra condición social de trabajadores; de nuestra pertenencia a la nación indoamericana, de Nuestra América, Bolivariana y Martiana. Pretenden desaparecer o convertir en caricatura el proceso histórico que dio lugar a nuestros pueblos, hacernos olvidar que la nación mexicana y mesoamericana está enclavada en las entrañas del actual territorio estadounidense. Que todos los colonialistas e imperialistas son intrusos, ladrones en nuestra tierra. Que el capitalismo, el colonialismo y el racismo son ajenos a nuestras tradiciones comunitarias, colectivistas, democráticas y libertarias.

Como señalan muchos especialistas, las privatizaciones forman parte de un paquete integral  que incluye en un solo abanico el traslado de la propiedad público-social a las multinacionales, la precarización radical de las condiciones laborales y de vida de todos los trabajadores, formales e informales, la destrucción de la soberanía nacional, de los vínculos nacionales, comunitarios y el aplastamiento de la libre individualidad. Las privatizaciones son parte, en la situación mexicana y amerindia, de una nueva ocupación colonial de nuestros territorios y sociedades. Con eso tiene que ver la contrarreforma educativa.

II. La guerra de Peña Nieto

A diferencia de nosotras y nosotros los trabajadores de la educación, Peña Nieto y su equipo se han tomado la pelea contra la educación pública, contra la población de escasos recursos y contra nuestro gremio de manera muy seria. Ellos van en son de guerra, actúan de acuerdo a un plan. Primero suman a las jefaturas del neoliberalismo, no importa si son panistas, priístas, ecologistas o perredistas; firman un acuerdo entre neoliberales que titulan Pacto por México; convienen con los jefes de la oligarquía mexicana, los Slim, Servitje, Salinas, Ramírez, Azcárraga, y otros, su participación en el presupuesto social-educativo y en las campañas del hambre; sellan su alianza contra México en los congresos estatales y prosiguen su ofensiva con una gran cruzada de medios, de acuerdo al manual de nuevas guerras. Y además se atreven a dar lecciones de honradez y justicia, exhibiendo su código de malhechores; “el que se mueve no sale en la foto”. Elba Esther Gordillo quedó fuera de foco, se le ocurrió, como a muchos, que la contrarreforma era negociable en algún punto, precisamente en el más sensible en este momento, el “relacionado con los procesos de selección, reconocimiento y permanencia del personal académico”. (4) Tal error de cálculo apresuró su caída, pasó a ser más útil presa que en la presidencia del SNTE; decisión política que vuelve irrelevante el tema de la corrupción y el de los asesinatos ligados a su persona, al fin y al cabo ese es el rasgo característico de la “clase política” que firmó el “Pacto por México”, en un sentido o en otro, o en ambos.

La disposición del ejecutivo de precisar estos puntos de la “selección, reconocimiento y permanencia” en La Ley Reglamentaria del Artículo 3°, obedece más que a un proceso legislativo natural, a una estrategia política para desmontar la generalización de las protestas contra la “Reforma Educativa” que podrían transformarse, por los descontentos y problemas acumulados, en una revuelta contra el gobierno y el mismo régimen. No cabe duda que el señuelo les ha funcionado hasta el momento.

Jugando a dejar en suspenso el tamaño del golpe final, a enmascararlo porque en realidad todos sabemos que es demoledor, generaban ilusiones en buena parte de los sindicalistas; que suponen y suponían, en medio del desastre, que algo se puede recuperar como aconteció con la Ley del ISSSTE. Por lo mismo, toda la resistencia fue condicionada a presionar para negociar en la Ley Reglamentaria los términos exactos de la “selección, reconocimiento y permanencia del personal académico”. Poco importa que estos términos hayan sido formulados con toda exactitud por la OCDE y establecidos en el nuevo 3° Constitucional. De acuerdo con el nuevo texto constitucional, todo el proceso de selección y permanencia está en función de la calidad y por consiguiente de las evaluaciones y los concursos que, por cierto, ya se aplican en casi todo el país. La coartada de “negociar” la Ley Reglamentaria está acotada por estas disposiciones, a lo más se van a introducir algunas concesiones sobre “usos y costumbres” seriamente limitadas.

Con el ardid gubernamental, se ha logrado frenar el estallido de repudio que aún puede dar lugar a una serie de APPO´s y a algo mayor. El factor espontaneo, tan decisivo en 1989, se ha mantenido bajo control. Ese elemento es patente desde febrero del año pasado con la movilización de la Sección Novena, que no supimos defender de los descuentos arbitrarios aplicados a las y los docentes. Prisioneras todas nuestras direcciones sindicales de inercias burocráticas y de institucionalización, a semejanza de lo que ocurre en el resto del movimiento sindical opositor y democrático, hemos frenado, consciente e inconscientemente la movilización, su conversión en un levantamiento civil popular por el rescate de la educación y de la nación toda, esperando a que algo se pueda arreglar en la reglamentaria, a expensas de la buena fe de las finas personas que hoy usurpan la dirección del país.

Nos están repitiendo la dosis aplicada durante la imposición de la contrarreforma laboral, y prácticamente estamos respondiendo de la misma forma, a destiempo, luego de aprobada la contrarreforma. Y peor aún, sin entender que hoy la lucha política debe ser el eje articulador de la lucha jurídico-legal y de la pedagógica, no existe otra forma de negociar en condiciones aceptables, de vencer a los neoliberales. En lugar de ello, le hacemos el juego a sus estrategias desmovilizadoras.

No perdamos de vista que la lucha política es lucha contra el gobierno, eso lo visualizaron los compañeros y compañeras de la CETEG, por eso adelantaron sus posiciones, aunque en el marco de su estado, creyendo, de manera similar a los compañeros de otras secciones tan importantes como Oaxaca y Michoacán, y menos importantes como la de nosotros, que este problema se puede resolver estatalmente, lo cual deja en manos del enemigo la iniciativa y la ventaja estratégica. También, por no poner la política al centro, nuestra campaña de medios es sumamente parcial, auto-referencial como lo han hecho notar en varias ocasiones diversos intelectuales amigos. Montada en el puro tema de las demandas de los profesores, donde la nación, el pueblo, la lucha contra el gobierno neoliberal y el priísmo no aparecen con suficiente fuerza; dejando de lado temas cardinales para la población como el IVA, la seguridad y la privatización del petróleo, base financiera del gasto social y de todo el presupuesto público.

Prisioneros de la lógica de guerra del enemigo, enfrentamos inermes el terrorismo mediático, entramos en la trampa. Dejar que Guerrero se agote, que desgastado acepte cualquier ofrecimiento, condicionaría negativamente toda posible negociación. Aunque parezca increíble, todavía seguimos esperando buenas nuevas de “la reglamentaria” o de la mediación de la derecha perredista representada por todos sus gobernadores. (5) Nos han administrado, saben que saliendo Guerrero, Michoacán difícilmente se lanzará a paro y cuando lo haga con Oaxaca, si eso ocurriera, será muy tarde y sin la contundencia necesaria.

Peña Nieto, o al menos su equipo, sabe que nuestras fuerzas activas, el magisterio movilizado y algunos apoyos se verían mermados significativamente con el retiro del contingente de la CETEG, que pasaría a convertirse en una fuerza relativamente pasiva o neutralizada en el campo de la batalla; mientras las fuerzas potenciales, las que pudieran sumarse a la lucha contra las reformas neoliberales y el autoritarismo priísta y de sus acompañantes panistas, perredistas, etc., no tendrían el aliciente ni la forma de hacerlo. Con ello la derrota estaría asegurada. Ni siquiera se podría negociar mayor cosa, porque se negocia seriamente en medio de la movilización, y no el en marco de esa idea o consigna ingenua movilización-negociación-movilización, que separa en estancos cada uno de sus aspectos, de la misma manera que separan metafísicamente la lucha política, jurídica y pedagógica.

De entrada debemos retomar firmemente la lucha contra la “Reforma Educativa” en defensa de la educación pública. Para, en función de esa reivindicación, plantear un plan de lucha que tome en consideración la dimensión nacional del problema y las necesarias alianzas que debemos construir para enfrentar una disposición de esta envergadura. Así planteado el problema, la simple repetición de lo que hacemos anualmente no basta. La lucha es política, no de tipo económica-gremial, y exige el trazo de un plan acorde con ella. El gobierno puede retroceder si la pelea adquiere una forma nacional popular. Algo que está al alcance de las posibilidades del movimiento social de nuestro país si se procede de acuerdo a las exigencias del momento. La demostración del Pueblo de Guerrero muestra el camino para abrir un debate nacional y la realización de una consulta y un referéndum sobre este tema, entre otros, que atañen a todos los habitantes del país y aún a los migrantes.

Si no planteamos adecuadamente el terreno de la confrontación, el costo posterior puede tener consecuencias difíciles de afrontar, especialmente para los compañeros de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) que se mantienen en la mira del enemigo.

Debemos hacer todo lo posible por articular en torno a desarrollo del Paro Nacional la unidad de todas nuestras fuerzas, de todas sus posibilidades, grandes o pequeñas de movilización, pactando de la mejor manera con las organizaciones populares de nuestros estados un plan de lucha por los derechos del pueblo y el rescate de la nación. Necesitamos superar nuestro lenguaje gremial e impulsar una Consulta ciudadana sobre los grandes problemas nacionales que enfrentamos como parte de un proceso de acumulación de fuerzas para enfrentar al gobierno y sus aliados.

Llamamos a todos los compañeros y compañeras del Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas (MDMZ) sección 34, a los integrantes de la Sección 58 y a la militancia del Frente Social por la Soberanía Popular (MSSP) a participar en las próximas jornadas de lucha por nuestros derechos que son los de la Patria.

 

“Organizados y Unidos Venceremos”

27 de abril de 2013

 Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas (MDMZ, Sección 34)

Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas (Sección 58)

Notas:

(1) Estamos hablando de nuevos ejercicios de privatización, de acumulación por despojo que, como estrategia para concentrar riquezas e incrementar ganancias, se profundizó en el capitalismo neoliberal. En el caso que hoy nos ocupa, las privatizaciones educativas y energéticas, entre otras, operan de manera simulada a través de procesos graduales aparentemente inconexos. Ante el desprestigio de las privatizaciones, porque nunca produjeron los resultados prometidos a las mayorías nacionales, se les enmascara aduciendo que no son privatizaciones. Avanzan parcialmente, presentándolas como simples reformas menores, aunque de consecuencias decisivas, para superar el estado ya crónico de estancamiento económico, aumentar la productividad, disminuir el desempleo, aumentar los salarios, superar el atraso tecnológico y combatir los privilegios de unos cuantos para entrar de lleno al siglo XXI. Además, estas privatizaciones que no son privatizaciones van a mejorar el rendimiento, la calidad de los servicios y la productividad de la inversión social. Para ello, se usan frases propias del sentido común, se difunden metas o conceptos, en el caso educativo, sobre la calidad, la evaluación y la educación para toda la vida, vaciándolos en la medida de lo posible de sus cargas ideológicas clasistas, simulando el pluralismo conceptual y la tolerancia cultural y política, para, en una etapa posterior, radicalizar sus contornos ideológicos conservadores y reaccionarios.

(2) “La crisis estructural del capitalismo que estalló en la década de los setenta del siglo XX expresó el agotamiento del modelo organizativo propio de la producción en masa del fordismo y de la cuarta revolución tecnológica basada en el motor de explosión interna y en el uso del petróleo barato. En respuesta, el capital inició un conjunto de transformaciones que dieron origen a una nueva etapa histórica fundada en elementos como los siguientes: el paradigma tecnológico de la informática y las telecomunicaciones; un nuevo patrón de dominación y de organización flexible de la fuerza de trabajo; la empresa red, cuyo sector de punta está enfocado en la producción de alto valor; una competencia intercapitalista centrada en la producción de conocimientos, marcas, diseños, bienes intangibles y principalmente en las ganancias extraordinarias generadas por las innovaciones tecnológicas; el impulso de la propiedad privada como relación social que garantice el adecuado desarrollo de los negocios materiales e intangibles y, medularmente, de la propiedad intelectual; la configuración de un espacio económico global producto de la naturaleza reticular y del funcionamiento en tiempo real de la tecnología informática; la integración de cadenas de producción mundiales y de bloques comerciales regionales en competencia; la acumulación por despojo, que abrió nuevas oportunidades de valorización; finalmente, las transformaciones de la instancia estatal a través del dominio del Estado neoliberal y de la concurrencia de organismos financieros internacionales en una política de fortalecimiento de las nuevas tendencias económicas en el contexto de la incorporación al mercado capitalista de diversos países, debido al colapso del mundo bipolar de la Guerra Fría y el derrumbe del denominado “socialismo real”. Rubén Trejo. Despojo capitalista y privatización en México, 1982-2010. Ed. ITACA, México, 2012, p 20.

(3) El punto establece que “México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares. Un sistema puramente formativo en sus primeros años, acompañado de un adecuado apoyo profesional. “Después de haber implementado este sistema y de haber socializado sus reglas, el sistema puede incluir variables formativas y sumativas; por ejemplo, recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño”, dice el apartado. Y remata: “los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo”. El documento fue publicado por la OCDE en octubre de 2010, a petición del gobierno mexicano, que pagó por el estudio un total de 14 millones de pesos. Válek Rendón; La OCDE sí recomienda despedir maestros con evaluación universal Viernes, 3 febrero, 2012.

(4) Sobre el particular la reseña que ofrecen Lilian Hernández e Ivonne melgar, reporteras de Excélsior, de las polémicas entre Gordillo y el equipo de Peña Nieto entre el 19 y 20 de diciembre de 2012, dan pistas de una de las causas de la defenestración de la presidenta del SNTE.

(5) “El gobernador perredista Graco Luis Ramírez Garrido Abreu pidió que así como se aplicó la justicia a Elba Esther Gordillo Morales, se aplique la ley a los de la CNTE, porque los maestros tienen que entender que con el diálogo y acuerdos va a caminar el país. Ramírez Garrido dijo que los gobernadores progresistas: él mismo, así como sus homólogos de Guerrero, Ángel Aguirre; Oaxaca, Gabino Cué; Tabasco, Arturo Núñez, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se reunieron el jueves por la noche en la ciudad de México para analizar y definir estrategias contra las acciones violentas que han encabezado los maestros disidentes que se oponen a la reforma educativa. Graco Ramírez sostuvo que se ha dado un paso muy importante para lograr esta reforma fundamental para el desarrollo del país, y llamó a los disidentes a dialogar y no recurrir a prácticas de presión en un tema consumado, porque tienen que entender que con el diálogo y acuerdos se va a caminar; secuestrando a la población, a las maestras y maestros, no se puede caminar; y en eso apoyo que se aplique la ley y se mantenga el estado de derecho. Ni un paso atrás en esa decisión.” La Jornada, Viernes 12 de abril de 2013, p. 3; Cuernavaca, Mor., 11 de abril.

 

mayo 3, 2013 ·   editor ·  Sin comentarios Etiquetas: ,  · Categorías: Actividades

Articulos Relacionados

Añadir comentario

Puede usar estas etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>